Con un panel de expertos del mundo académico y autoridades locales, este martes 21 de abril el Laboratorio Municipal de la UAI y la Municipalidad de Las Condes llevaron a cabo el seminario “Impacto fiscal y comunal: Cómo el Plan de Reconstrucción redefine el financiamiento local”, una instancia que permitió abordar desde una perspectiva técnica los principales alcances del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social presentado por el Presidente José Antonio Kast.

El encuentro se enmarcó en el actual debate sobre la implicancia de las medidas en materia de vivienda, su efecto directo en la recaudación fiscal y los desafíos que plantea para las finanzas municipales a nivel local.

La primera intervención estuvo a cargo de Ignacio Aravena, Fellow in Real Estate Economics and Finance, LSE, quien presentó evidencia sobre el rol de las contribuciones territoriales dentro del financiamiento municipal, abordando tanto su estructura como sus desafíos en términos de equidad y recaudación. Su presentación también incluyó estimaciones del impacto de las propuesta en vivienda de la ley de reconstrucción. Así su presentación permitió enmarcar la discusión posterior. Descarga su presentación, aquí.

“El Plan de Reconstrucción tiene muchas almas y, por lo tanto, hay algunas cosas que son para estimular la economía, otras para resolver temas más estructurales y otras que tienen que ver con promesas de campaña, y el mundo de las contribuciones hoy responde más que nada a la tercera”, aseguró Aravena. “Y si vamos a hacer un conjunto que es procrecimiento, y el crecimiento se demora, entre medio tenemos una pregunta pendiente que es quién paga la cuenta. Eso es algo que tenemos que tratar de responder mientras se esté legislando”.

IMPACTO FISCAL: SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO DEL FINANCIAMIENTO

Como parte del primer panel, la discusión se concentró de manera relevante en el rol de las contribuciones territoriales como fuente de financiamiento. Los expositores, Ignacio Briones, Senior Fellow UAI y exministro de Hacienda, y Pablo García, presidente CNEP y profesor de la Escuela de Negocios UAI, abordaron este instrumento desde distintas perspectivas, destacando su importancia dentro de la estructura de ingresos fiscales y su vínculo con el financiamiento de políticas públicas, especialmente en un escenario donde se discuten medidas como la exención para adultos mayores.

En esa línea, García propuso una forma de ordenar el análisis de las medidas contenidas en el proyecto, distinguiendo entre distintos tipos de instrumentos según su naturaleza y efectos esperados: “Una parte es la devolución del Impuesto de Primera Categoría y el impuesto a las ganancias de capital, que es esencialmente estructural; una segunda es el IVA a la vivienda, el subsidio o crédito tributario para la planilla, que tiene que ver con política fiscal de corto plazo o estimulativa; y la tercera, donde entra lo que no es estructural ni estimulativo, sino de transferencia. Y, por supuesto, si uno piensa que bajar las contribuciones a los adultos mayores es para aumentar el consumo, hay que entenderlo en un contexto de carácter político más que de dignidad”, puntualizó.

Asimismo, se plantearon interrogantes sobre la estabilidad de este mecanismo en el tiempo, considerando su sensibilidad frente a cambios en el mercado inmobiliario y las percepciones ciudadanas asociadas a su legitimidad.

Este punto abrió una discusión más amplia sobre el equilibrio entre suficiencia recaudatoria y aceptación social de las medidas. Al respecto, García advirtió sobre los riesgos de centrar la discusión en ese tipo de argumentos, indicando que “si uno pone el argumento de la legitimidad, siempre vamos a encontrar un grupo que dice que algo no es legítimo y, por lo tanto, hay que eliminarlo. Creo que ese argumento es muy complejo y peligroso, y no corresponde para una decisión mayormente técnica”. A su vez, planteó que este tipo de instrumentos debe entenderse en el marco de principios más amplios, enfatizando en que “se tiene que promover la regionalización y también el desarrollo equitativo”.

En paralelo, el panel permitió analizar en profundidad la relación entre las contribuciones y el financiamiento local, dado que estos ingresos cumplen un rol relevante en los presupuestos municipales, lo que añade una dimensión territorial al debate fiscal.

En ese contexto, Briones enfatizó en el impacto regresivo de la medida, señalando que si el Estado central lo compensa “esa plata va a salir de las rentas generales …. Entonces estamos eliminando las contribuciones a un sector específicos, (…) de los percentiles más ricos de la población y le vamos a estar haciendo una transferencia con recursos generales donde al menos la mitad de la recaudación viene del IVA y por lo tanto una buena parte de la señora Juanita que ni sueña con tener una casa, entonces es regresiva per se".

En la misma línea advirtió sobre los efectos que la reforma puede tener en el mediano plazo, señalando que “somos cortoplacistas y no vemos los problemas que esto engendra en el financiamiento de mañana en los bienes públicos comunales”. Así también promovió el rol de los gobiernos locales en la discusión, asegurando que “la única oportunidad de volver a la racionalidad es que los alcaldes se pronuncien, porque tienen la fuerza de 346 comunas y son actores políticos relevantes”.

GESTIÓN MUNICIPAL: DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el segundo panel del seminario, compuesto por Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, y Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, la discusión se orientó hacia los desafíos de implementación del Plan de Reconstrucción a nivel local, haciendo énfasis en un contexto de cambios en las fuentes de financiamiento.

Fue respecto a este punto en el debate que San Martín advirtió sobre la ausencia de una “hoja de ruta” sobre los cambios que se implementarán al Fondo Común Municipal. “Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad incierta. Aun cuando comparto la idea de liberar del pago de contribuciones a las personas mayores, me parece necesario conocer los mecanismos de compensación cuando ese cobro se deje de hacer”, señaló. “Se debe legislar una reforma que cambia el financiamiento de todas las comunas de Chile, pero sin dar el espacio para discutirla con datos y con quienes la vamos a implementar. Los municipios tenemos que estar en la mesa donde se diseña la solución, no solo donde se reciben las consecuencias”, puntualizó.

Desde la experiencia de comunas con distintas realidades territoriales, el foco también estuvo puesto en los efectos concretos que este tipo de medidas podría tener en la provisión de servicios, así como en la sostenibilidad de las finanzas locales.

Al respecto, Concha señaló que “la eliminación de contribuciones a adultos mayores puede ser una medida atendible desde el punto de vista social, pero requiere necesariamente mecanismos de compensación para no afectar la sostenibilidad financiera de los municipios”, ya que en el caso particular de Peñalolén “implicaría una merma significativa de ingresos que podría impactar la provisión de servicios esenciales. Por ello, es clave avanzar en alternativas como el fortalecimiento de las rentas municipales o una mayor participación del nivel central en los grandes gastos del municipio en servicios básicos, resguardando así la continuidad de los servicios locales”.

Este seminario permitió relevar la complejidad del debate, planteando desafíos en el diseño y en la ejecución de estas políticas, en un contexto donde la coordinación entre el nivel central y los municipios aparece como un elemento clave para su viabilidad en el tiempo.

Impacto fiscal y comunal local